300 EUROS

Resulta extremadamente curioso, rayando el esperpento, que la derecha extremeña haya puesto el grito en el cielo cuando la Junta de Extremadura ha anunciado la supresión de la denominada paga  “ vitalicia” de los 300 euros para las mujeres mayores de 75 años. Dicho así, incluso se puede pensar que se trata de un deterioro de algún derecho social adquirido. Sin embargo, si se hurga en los motivos, nos damos cuenta de los enormes errores de su planteamiento inicial.

En primer lugar se hace alusión desde su gestación a que con esta propuesta se pretendía atender a las demandas de la Memoria Histórica. Había que solventar las penalidades de todas las extremeñas que penaron el rigor de la represión en los tremendos años de la posguerra. Y para ello, nada mejor que establecer una iniciativa donde iguala a represores y reprimidos en la atención a las víctimas. ¡ Eso sí es cerrar heridas!. Fundamentalmente en los pueblos pequeños, donde todo el mundo se conoce, se podía dar la paradoja de que obtuviese esta ayuda una mujer causante de la represión. Sin menoscabo de que económicamente tuviese dificultades, no se puede argumentar, por dignidad, que se le otorga una pensión vitalicia “ en atención a los sufrimientos que pasó en la posguerra franquista”.

Eso sin descontar que se deja de lado a la otra mitad de la población. Los hombres, que al mismo tiempo que las mujeres, padecieron en sus carnes la crueldad de la Dictadura. Nos estamos refiriendo  a los hermanos, a los hijos, e incluso, si quedan vivos, a algunos padres de los torturados, asesinados, vilipendiados por el “Glorioso Movimiento”.

No quisiera pensar, como el rumor que se ha propalado, que fue una simple ocurrencia previa a la campaña electoral. Que la única intención que se tenía era la perversa compra de votos. Que ni siquiera tenía dotación presupuestaria suficiente. Que, en definitiva, era producto de las  mentes de los hijos políticos de los que vencieron en la contienda fraticida.

Por el contrario y cuando pudieron, es decir, en los 4 años de “gobierno” del PP no se ha avanzado nada en la consecución de los objetivos por los que luchaba la Memoria Histórica. Más bien se ha venido obstaculizando el cumplimiento de la Ley. Tendríamos innumerables ejemplos, pero si quieren que le pregunten a Conchita Viera, la hija del último alcalde socialista de Valencia de Alcántara antes de la Guerra Civil, cuyo cuerpo yace en una finca sin que le den permiso, simplemente para retirarlo y poder ir a visitarlo. O al ex presidente de la Diputación de Cáceres, Laureano León que retiró los apoyos de esta entidad al Plan Institucional ( rubricado por la Junta de Extremadura, las dos diputaciones y la Universidad). O más recientemente al Ayuntamiento popular de Navaconcejo quien vota a favor de que no se retiren los nombres que hacen apología del fascismo y que se encuentran en la fachada de la Iglesia del pueblo. O, en definitiva, que expliquen por qué se ha vaciado de contenido la Ley al no convocar o minimizar las ayudas o subvenciones que permitan las prospecciones con el fin de localizar las fosas de los desaparecidos.

¿Será  todo esto producto de un compromiso ideológico del PP con el pasado?